Por Aleix Mata
La Comisión Europea se propone desde hace años la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En 2018 lanzo la campaña Gender PayGap, una hoja de ruta hacia la equidad laboral en Europa a través de subvenciones para revertir la orientación laboral y otras medidas, que no han tenido, de momento, contemplación en resoluciones judiciales. Desde 2012, la Comisión se definía como ineficaz para abordar la diferencia salaria (2006/54/CE). Hasta la fecha, según Eurostat, las mujeres siguen ganando un 16,2% menos que los hombres en la Unión Europea.
El pasado viernes, volvió a la escena mediática el Día Europeo de la Igualdad de Género. Un homenaje del Parlamento Europeo a todas las mujeres que sufren cada día la brecha salarial en sus respectivos países. Cincuenta y tres días desde el final del año natural, donde las mujeres trabajarían de forma gratuita hasta alcanzar la retribución media de los barones del continente.
La sociedad avanza cada año, con una exposición del problema de género más evidente en los medios. ¿Pero como se resuelve la brecha salarial? Un problema estructural de la sociedad que se acentúa con la edad, y va más allá de la feminización de determinadas actividades laborales históricamente peor pagadas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la remuneración horaria de las mujeres es un 10,8% menor en trabajos de jornada completa, y un 14,5% en jornadas parciales, donde la exposición de la mujer es mayor para conciliar con su vida familiar y el trabajo no remunerado. Dos porcentajes de muchos otros, que evidencian la injusticia de la brecha salarias y la posición de la mujer en la sociedad. Un factor más difícil de explicar si se quiere llegar algún día a la equidad entre géneros.
La Unión Europea sigue trabajando para visibilizar la problemática laboral, y es evidente que la lucha para conseguir el empoderamiento definitivo de la mujer tiene que llegar con una respuesta conjunta de organizaciones supranacionales. ¿Pero como está la situación en España? En los últimos años el estado ha sufrido una debacle en los estándares democráticos que tienen repercusión en la problemática de género. Según un estudio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), España es uno de los países de la Unión con una de las brechas salariales más elevadas en la administración pública (14%). Muy por encima de porcentajes como el de Alemania (7,7%) o los países nórdicos (8%). Por otra parte, el techo de cristal también es muy representativo en el sector público, ya que solamente el 23% de los altos cargos de la administración están ocupados por mujeres. En cambio, los sectores públicos de menos prestigio y retribución (niveles 15, 16 y 17), la mujer tiene una sobreexposición del 84%.
Para conmemorar el actual aniversario del Día para la Igualdad Salaria, Unión General de Trabajadores (UGT) ha publicado un informa a partir de los últimos datos que ofrece la Comisión Europea, y las competencias de las diferentes comunidades autónomas, para analizar las peculiaridades de la brecha salarial en España, y las peculiaridades que se contemplan en los diferentes sectores económicos, territoriales o demográficos. Denuncia la acentuación de la problemática en los últimos años por la inoperancia gubernamental y propone una ley de igualdad salarial, dentro de una mesa de negociación donde se aborde la problemática desde una posición objetiva, desarrollando medidas para acabar con la
discriminación a las mujeres en el empleo.
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